Noticias

El IRPH y las hipotecas

Me consta que las entidades financieras han empezado a mover ficha a la espera del fallo de los tribunales

El IRPH, o Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, ha sido uno de los tipos de referencia más empleados en España junto al Euribor. De él se esperaba que no llegara a subir tanto como éste, pero sin embargo, ha resultado ser considerablemente más caro para los prestatarios. Actualmente estimamos que existen en España más de un millón de hipotecas referenciadas al IRPH. En los préstamos hipotecarios suelen referirse a dicho índice como «tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para la adquisición de vivienda libre, concedidos por el conjunto de entidades». En cuanto a la situación actual del IRPH reseñar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a principios del año 2.018 admitió a trámite las cuestiones prejudiciales relativas al mencionado índice, y es por ello que se espera que a lo largo del año 2.019 se pronuncie sobre tal cuestión, confiando que la sentencia sea a favor de los consumidores dado el informe realizado por la Comisión Europea, que contradice a nuestro Tribunal Supremo, el cual en 2.017 estableció que el IRPH no implicaba un abuso por parte de los bancos y que es equiparable al Euribor. Me consta que las entidades financieras, a sabiendas del más que posible fallo de Europa a favor del consumidor, han empezado a mover ficha ofreciéndoles a los afectados por el IRPH llegar a acuerdos consistentes en eliminar esta cláusula del préstamo y establecer un tipo fijo para el resto de años de la hipoteca. Mi consejo es NO aceptar el mencionado acuerdo y esperar a que se pronuncie el TJUE. Además este tipo de acuerdos, al igual que sucedió con los de las cláusulas suelo, no restituyen las cantidades pagadas de más por los consumidores. Finalmente recordar que un proceso de reclamación suele durar entre 9 y 15 meses, en primera instancia, es decir, siempre que no sea recurrido por el banco. Una vez tengamos sentencia, debemos de esperar 20 días hábiles (alrededor de un mes) a que ésta sea firme, y a continuación la entidad demandada dispondrá de otros 20 días hábiles para consignar de forma voluntaria el dinero. En el supuesto de no realizarlo, se deberá proceder a ejecutar la sentencia. En definitiva, suele tratarse de procesos lentos y algo tediosos, sobre todo por la cantidad de obstáculos que suelen poner los bancos, pero si todo sigue su curso habitual acabarán resolviéndose a favor del consumidor. Es por ello que recomendamos mucha paciencia y no desistir en la lucha de nuestros derechos.

Más de la mitad de los consumidores denuncian que al suscribir una hipoteca les obligan a contratar un seguro

Las entidades bancarias se revelan como el principal canal de contratación de este tipo de productos (57%) muy por encima de la propia aseguradora (46%) o los intermediarios (43,2%), según un estudio realizado por la Asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros, ADICAE a finales del pasado año en el marco del proyecto  “Consumidores a todo riesgo”, desarrollado por la asociación y subvencionado por la AECOSAN (actualmente Dirección General de Consumo).

El objetivo de este estudio ha sido el de fomentar la reflexión por parte del consumidor de su contrato de seguro, analizando las formas de comercialización existente, distribución, canales de reclamación y el papel que deben tener las asociaciones de consumidores en este contexto concreto.

Este dato pone de manifiesto la hegemonía de la banca en las ventas cruzadas que tanto ha criticado la asociación y que suponen una fuente inagotable de abusos y de conflictos para los consumidores.

Casi la mitad de los encuestados reconoce que el seguro contratado le ha venido impuesto por el vendedor al contratar otro producto financiero, generalmente hipotecas.

La banca vendió el IRPH con falsas promesas de estabilidad

Tal y como hemos visto en los testimonios recogidos por Diario16 de los afectados del IRPH, en los primeros años de la década del 2000 la banca comercializaba este índice con la etiqueta de «estable», algo así como una especie de protección para las familias ante la inestabilidad de los tipos de interés o una subida del Euribor muy exagerada.

Hubo directores de oficina que lo recomendaron de manera muy insistente y, según nos confirmaron varios afectados, se llegó a realizar una especie de presunto «cambiazo», es decir, que en las notarías los representantes de las entidades presentaban un contrato referenciado al IRPH cuando lo acordado en la sucursal lo era a Euribor. Sin embargo, a pesar de que existen testimonios documentales de estos hechos, los juzgados rechazaron estas pruebas. Además, en la gran mayoría de los casos, los comerciales o los directores, hicieron estas promesas de manera verbal.

Sin embargo, las propias entidades financieras dejaron un rastro en los folletos de publicidad donde se recomendaba la firma de hipotecas referenciadas al IRPH, llegando a indicar que era más estable que el Euribor o que éste índice, en comparación con el IRPH, era inseguro o «una montaña rusa».

Una de las más importantes entidades de España afirmaba en uno de estos folletos que el IRPH «es el que mejor le puede proteger de variaciones repentinas. Recomendamos que indexe su hipoteca al IRPH». La misma entidad afirmaba en otra publicidad que «indexado al IRPH, se beneficiará de uno de los índices más estables y, por lo tanto, con menos riesgo de sufrir grandes oscilaciones en sus cuotas mensuales». Una antigua caja de ahorros afirmaba en su publicidad, ya en el año 2012, que el IRPH ofrece una mayor estabilidad en las cuotas del préstamo en períodos de fluctuación de tipos de interés en el mercado».

Por tanto, de esta publicidad se desprendía que:

  1. El IRPH protege de variaciones repentinas del tipo de interés.
  2. Minimiza el riesgo de subida de las cuotas mensuales.
  3. Dichas cuotas son estables.
  4. En 2003 el IRPH es «reconocido» y «publicado» por el Banco de España, pero en la versión de 2008 pasa a ser «recomendado» por el Banco de España.
  5. El IRPH es estable y representativo.

Sin embargo, la gráfica de la evolución del IRPH y el Euribor podemos ver que el primero siempre ha estado por encima del segundo y que, a medida que el Euribor se acercaba al valor 0 el IRPH se mantenía estable y, por lo tanto, aumentaba la diferencia.

 

Estas prácticas abusivas de la banca con el IRPH, que son comparables con lo que se hizo con las preferentes, fueron negadas por las entidades, pero reconocieron que las hipotecas referenciadas a Euribor han sido más ventajosas y achacaron las diferencias de las cuotas en que era imprevisible la evolución de los tipos de interés, argumento que los propios folletos publicitarios niegan, puesto que, a pesar de que en el año 2008 se produjo una gran bajada del 3% del Euribor, seguían ofertando el IRPH como un índice «de los más estables y representativos del mercado hipotecario y que proporciona garantía y estabilidad».

¿Qué pretende la banca con los afectados del IRPH?

El año que acaba de empezar se puede convertir en un año clave para la banca española. Además de tener que empezar a hacerse cargo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, tras el Real Decreto de Pedro Sánchez, se espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamine la nulidad del IRPH, sobre todo tras la entrega de un informe contundente por parte de la Comisión Europea que declaraba que dicho índice aplicado por las entidades financieras españolas es una cláusula abusiva. Una más.

Diario16, a través de los testimonios de varios afectados, ya ha informado de que los bancos con quienes tienen contratada su hipoteca referenciada al IRPH les están llamando por teléfono o enviándoles cartas en las que les ofrecen una modificación de su préstamo a un interés fijo que oscila, dependiendo de la entidad, entre el 1,7 y el 2% pero, en ningún caso, se les ha ofrecido la devolución del dinero cobrado de más en estos años o una cantidad concreta. Sólo el cambio de índice de referencia. ¿Por qué ahora y no hace 5 años? El miedo a lo que Europa pueda determinar tiene que ver con ello.

Esta estrategia de intentar llegar a acuerdos con los afectados, al igual que ocurre con otras presuntas estafas bancarias, no es más que un reconocimiento implícito de la responsabilidad porque si se hubiese hecho todo bien, si no existiera una cláusula abusiva, la banca no ofrece motu proprio un acuerdo extrajudicial con los afectados.

Sin embargo, ¿qué es lo que pretende realmente la banca española? No las tienen todas consigo puesto que en la Justicia europea no tienen la capacidad de influencia que con la de aquí. Saben que el informe de la Comisión Europea es demoledor para sus intereses, por más que tengan el apoyo del gobierno de Pedro Sánchez, apoyo que el Congreso de los Diputados ya ha exigido que se retire y que, si el presidente es coherente con sus palabras, debería ser retirado en breve. El hecho de que Goldman Sachs estimara que el coste para el sistema financiero español iba a ser superior a los 40.000 millones de euros es un indicio importante, ya que dicho informe del banco de inversión norteamericano no es más que la advertencia del poder financiero a la Justicia europea de que una sentencia favorable provocaría una catástrofe en la banca española.

La realidad es que esas ofertas no quieren más que intentar contentar al mayor número de víctimas del IRPH posibles con un cambio de índice, pero, eso sí, sin pagar un euro de lo cobrado de más. Es decir, que intentan arreglar los efectos de una cláusula abusiva con otro abuso ya que esas cantidades ya fueron cobradas en su momento.

De ahí la importancia que están dando los despachos de abogados que llevan con los afectados del IRPH desde el principio a que no se firme ningún acuerdo puesto que, al igual que ocurrió con los bonos de fidelización del Santander, una de las cláusulas de esos acuerdos a los que pretende llegar la banca es la no presentación de medidas legales. Por tanto, no devuelven el dinero cobrado de más e impiden a los afectados que, de haber una sentencia favorable del TJUE, renuncien a recibir ese dinero.

La AP de Madrid obliga a los bancos a devolver todo el dinero cobrado por las cláusulas suelo

En una sentencia con fecha de 12 de noviembre pero hecha  pública este viernes, la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid ha fallado a favor de la asociación de consumidores ADICAE en el marco de su macrodemanda por cláusulas suelo contra unas 40 entidades bancarias.

Esto supone que al menos los más de 9.000 perjudicados que suscribieron dicha demanda podrán pedir la retroactividad total desde la firma de la hipoteca.

Fernando Herrero, secretario general de ADICAE, señala que “en cuanto a los efectos de la sentencia, uno de ellos es el de prohibir a las entidades bancarias seguir utilizando cláusulas suelo en este tipo de prestamos. 

Al mismo tiempo, este fallo judicial “beneficia a cualquier hipotecado que tenga una cláusula suelo en dicho préstamo. Tendrán derecho a reclamar esa devolución del dinero pagado de más en el momento que el fallo adquiera firmeza”.

Ya el pasado mes de junio, esta publicación anunció que la Audiencia Provincial de Madrid había rechazado hasta 26 recursos interpuestos por diversas entidades bancarias contra ADICAE.

 

Más en: confilegal

La Sentencia del TJUE de 7 de agosto de 2018 confirma la doctrina del TS sobre los intereses de demora abusivos en préstamos celebrados con consumidores

La Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 7 de agosto de 2018 se pronuncia sobre los intereses de demora de los préstamos hipotecarios y sobre la cesión de créditos respondiendo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo y por el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona en dos asuntos acumulados C-96/16 y C-94/17.

1.- CESIÓN O COMPRA DE CRÉDITOS FRENTE A UN CONSUMIDOR

La primera cuestión prejudicial (asunto C-96/16) fue planteada por el Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona. Dos consumidores suscribieron con el Banco Santander dos contratos de préstamo: en el primero, el tipo de interés ordinario era del 8,50% y el interés de demora del 18,50%; el segundo, fijaba un tipo de interés ordinario del 11,20% y un interés de demora el 23,70%. Ante el impago de las cuotas mensuales, el Banco declaró el vencimiento anticipado de estos contratos y presentó demanda de ejecución de los créditos que tenía frente a los consumidores. Aunque en los contratos no se contemplaba esta posibilidad, el Banco cedió en escritura pública estos créditos a un tercero, el cual solicitó suceder al Banco Santander en el procedimiento de ejecución.

El juez de Barcelona planteó al TJUE cuestión prejudicial sobre si los consumidores tienen derecho a recomprar su deuda y a extinguirla abonando al tercero el importe que pagó por la cesión más los intereses, las costas y los gastos aplicables. En concreto, tiene dudas sobre la compatibilidad de la Directiva 93/13 con una práctica empresarial de cesión o compra de créditos por un precio exiguo sin que exista una cláusula contractual específica en este sentido, sin que el deudor sea informado previamente de la cesión ni de su consentimiento a la misma y sin ofrecerle la oportunidad de recomprar su deuda para extinguirla reembolsando al cesionario el importe que éste pagó por la cesión.

Posición del TJUE:

El TJUE entiende que la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores no es aplicable a una práctica empresarial de cesión de créditos frente a un consumidor, sin que la posibilidad de tal cesión esté prevista en el contrato de préstamo celebrado con el consumidor, sin que éste haya tenido conocimiento previo de la cesión ni haya dado su consentimiento y sin que se le haya ofrecido la posibilidad de extinguir la deuda con el pago del precio, intereses, gastos y costas del proceso al cesionario.

Es decir, considera que la Directiva sobre cláusulas abusivas “se aplica únicamente a las cláusulas contractuales y no a las meras prácticas” obviando con ello que las prácticas no consentidas expresamente son cláusulas ex artículo 82.1 del TR de la Ley de consumidores y usuarios.

Señala también el TJUE que la mencionada Directiva no es aplicable a disposiciones nacionales como los artículos 1535 del Código Civil (sobre la venta de créditos litigiosos), ni a los artículos 17 y 40 de Ley de Enjuiciamiento Civil que regulan la transmisión de créditos y la sustitución del cedente por el cesionario en los procedimientos en curso.

2.- INTERESES DE DEMORA ABUSIVOS EN CONTRATOS DE PRÉSTAMO

Por otro lado, la mencionada cuestión prejudicial se pregunta sobre las circunstancias que deben tenerse en cuenta para examinar el carácter eventualmente abusivo de las cláusulas de las condiciones generales que fijan el tipo de interés de demora aplicable y sobre las consecuencias que tendría tal declaración de abusividad. En primer lugar el TJUE analiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta materia y después expone su criterio así como las consecuencias jurídicas si se declarasen abusivos.

El Tribunal Supremo refiriéndose a préstamos personales celebrados con consumidores estableció en Sentencias de 22 de abril, 7 y 8 de septiembre de 2015 que eran abusivos los intereses de demora que superaran en dos puntos el interés remuneratorio. Esta doctrina se hizo extensiva a los préstamos hipotecarios en las Sentencias de 23 de diciembre de 2015, 18 de febrero de 2016 y 3 de junio de 2016.

Partimos de la diferencia entre intereses remuneratorios e intereses de demora, mientras los primeros son aquellos que se cobran como remuneración por la entrega de un capital en concepto de préstamo, los segundos tienen carácter indemnizatorio y se cobran cuando el consumidor incumple sus obligaciones de pago.

En sentido similar, la segunda cuestión prejudicial se planteó por el Tribunal Supremo (Asunto C-94/17) en un caso en el que un consumidor celebró con el Banco Sabadell un contrato de préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda familiar. En la fecha de los hechos, el interés se devengaba al tipo del 4,75% y el contrato establecía que los intereses de demora se calcularían al tipo del 25%. El consumidor, que se había retrasado en los pagos, interpuso una demanda contra el Banco solicitando que se declarara nula esta última cláusula por entender que era abusiva.

Posición del TJUE:

EL TJUE señala que la Directiva 93/13 no se opone a la jurisprudencia del Tribunal Supremo cuestionada en el litigio principal, conforme a la cual una cláusula no negociada de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor, que establece el tipo de interés de demora aplicable, es abusiva por imponer al consumidor en mora en el pago una indemnización de una cuantía desproporcionadamente alta, cuando tal cuantía suponga un incremento de más dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado.

El TJUE señala que si bien esta jurisprudencia del TS no parece formar parte de las disposiciones más rigurosas que los Estados miembros pueden adoptar a fin de garantizar un mayor nivel de protección de los consumidores con arreglo a la Directiva 93/13, ya que no tiene fuerza de ley ni constituye una fuente del derecho, la elaboración de un criterio jurisprudencial responde al objetivo de protección de los consumidores que persigue la citada Directiva. De ésta se desprende que su finalidad no es tanto garantizar un equilibrio contractual global entre los derechos y las obligaciones de las partes en el contrato como evitar que se produzca un desequilibrio entre esos derechos y obligaciones en detrimento de los consumidores.

3.- CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE ABUSIVIDAD

El TS cuestionó si la declaración de nulidad del interés moratorio debía conllevar la nulidad de la cláusula del interés remuneratorio. El TJUE considera también en esta Sentencia que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la jurisprudencia del TS cuestionada en los litigios principales, según la cual la consecuencia del carácter abusivo de una cláusula no negociada de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor que establece el tipo de interés de demora consiste en la supresión total de los intereses de demora, sin que dejen de devengarse los intereses remuneratorios pactados en el contrato.

El TJUE recuerda que, según la Directiva, cuando el juez nacional detecta una cláusula contractual abusiva únicamente está obligado a dejarla sin aplicación para que no produzca efectos vinculantes frente al consumidor, pero no está facultado para variar su contenido.

En definitiva, el objetivo de la Directiva consiste en proteger al consumidor y en restablecer el equilibrio entre las partes del contrato, dejando sin aplicación las cláusulas declaradas abusivas y manteniendo, en principio, la validez de las restantes cláusulas del contrato en cuestión.

 

Noticia que proviene de Abogacia.es

Miles de familias españolas esperanzadas ante el próximo fallo del TJUE sobre el índice IRPH

La Comisión Europea, en sus observaciones escritas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), se ha posicionado a favor de las personas afectadas por el índice hipotecario español IRPH, oponiéndose frontalmente a la sentencia del Tribunal Supremo.

En nuestro país hay un millón de familias que esperan con expectación el futuro fallo del TJUE sobre esta cuestión prejudicial

Este escrito de conclusiones de la Comisión Europea, que supone un hito histórico de gran importancia en la batalla judicial contra el IRPH, fue dado a conocer por los abogados Maite Ortiz y José María Erauskin.

Las conclusiones de la Comisión se enmarcan en el contexto de una cuestión prejudicial relativa al IRPH planteada por un juzgado de Barcelona a petición del despacho de abogados Urbe, colaboradores del despacho donostiarra Abogados Res,de Ortiz y Erauskin.

El TJUE ha sido interpelado para que aclare si la sentencia de Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2017, en la que eximía la cláusula IRPH de todo control de transparencia, es ajustada al derecho comunitario. Cabe recordar que la propia sentencia del Supremo incluía dos votos particulares que afirmaban sin ambages que el fallo era contrario a derecho.

Lo que debe resolver dicha cuestión prejudicial según Erauskin tiene que ver con si la incorporación de un índice oficial como el IRPH al contrato está exenta de cualquier control de transparencia (como defiende el Tribunal Supremo en su sentencia 669/2017 de 14 de diciembre de 2017), o si por el contrario la cláusula relativa al IRPH debe ser incorporada al contrato de manera transparente (como defienden muchos tribunales de primera y segunda instancia y también los dos magistrados del Tribunal Supremo en su voto particular).

Siguiendo el procedimiento habitual, el TJUE solicitó a las partes, los estados miembro y a la Comisión Europea sus observaciones escritas relativas a la cuestión planteada, y la Comisión Europea ha respondido con un escrito de 40 páginas en el que se opone frontalmente a la sentencia del Tribunal Supremo español y se alinea con el voto particular, cuya explicación califica de “acertada y muy clara”.

Tras recibir todas las observaciones, el abogado general del TJUE redactará ahora sus conclusiones. La opinión de la Comisión tiene un gran peso en las conclusiones del abogado general, y los dictámenes del Tribunal son mayoritariamente conformes con la opinión del abogado general.

“Es por tanto muy probable que el Tribunal Supremo vuelva a ser corregido por Europa. Estamos en un momento histórico y muy esperanzador para las familias afectadas por el IRPH, que según nuestras estimaciones fue empleado en más de 1,3 millones de hipotecas”, apunta Erauskin.

La doctrina del Supremo, en entredicho

Si el TJUE responde a la cuestión prejudicial en la línea recomendada por la Comisión, los tribunales españoles deberán juzgar si la cláusula IRPH fue incorporada a los contratos con la suficiente transparencia, y en caso de no ser así deberán expulsarla del contrato. Se anularía por tanto la doctrina que quiso imponer el Supremo, afirmando que a esta cláusula no cabía aplicar ningún control de transparencia.

El voto particular contenido en dicha sentencia, que puede ser avalado ahora por Europa, expresaba una opinión bien distinta: “no cabe poner en duda que el índice de referencia IRPH tanto al tenor de su fórmula matemática de cálculo, como por su peculiar configuración (incluye comisiones y además gasto del cliente, y se calcula por una media no ponderada) presenta una complejidad de compresión para el consumidor medio que lo hace idóneo como elemento o componente susceptible del control de transparencia”.

Ningún contrato hipotecario referido al IRPH explica su configuración ni sus numerosas desventajas para el consumidor. Por ejemplo, un catedrático de estadística certificó que es un índice “muy poco robusto” y “manifiestamente mejorable”, y añadió que las entidades tienen capacidad para “incidir, influir, manipular y condicionar el resultado final” del índice.

Esto significa que todas las cláusulas IRPH fueron incorporadas sin transparencia y, por tanto, todas ellas acabarían siendo declaradas nulas por los tribunales, exactamente igual que las cláusulas suelo.

El TJUE también debe pronunciarse sobre las consecuencias de esta nulidad. La Comisión, en sus observaciones, recuerda que la consecuencia de la nulidad es la expulsión de la cláusula del contrato, y por tanto los contratos referidos a IRPH deberían quedar sin interés.

El informe de la Comisión Europea conocido ayer es muy claro en lo que respecta al deber de transparencia, obligando al profesional a explicar al consumidor, antes de la firma del contrato, cómo se configura el tipo de referencia, cuál ha sido su evolución de este tipo en el pasado así como su posible evolución futura y compararlo con el resto de tipos utilizados en el mercado.

Además, dice el informe “corresponde al juez nacional, pura y simplemente, dejar sin aplicación una cláusula contractual como la controvertida en caso de estimarla abusiva, manteniendo el resto del contrato si el mismo puede subsistir sin esta cláusula”. De esta manera, la Comisión Europea  desmonta la argumentación del Alto Tribunal español que consideraba que el carácter oficial del índice constituía por sí mismo garantía suficiente para los consumidores españoles.

Esto es algo perfectamente factible, y de hecho ya ha sido dictado por varios juzgadores en sus sentencias de nulidad de IRPH. Sólo para el hipotético caso de que algún juzgador determine que, por algún motivo particular, un contrato de préstamo no puede continuar sin interés, la Comisión recomienda que las partes acuerden un índice sustitutivo y que, en caso de falta de acuerdo, sea el juzgador quien determine el uso de un índice más habitual, como el Euribor, sin modificar el diferencial pactado.

Pero, como ya se ha dicho, esto no debería ser necesario porque tanto el Código Civil como el Código de Comercio establecen que los préstamos son por defecto gratuitos.

IRPH Stop Gipuzkoa, plataforma de afectados creada a raíz de la aparición del citado índice, valora de forma extremadamente positiva esta noticia histórica, y anima a todas las familias afectadas a “resistir hasta que llegue la tan esperada justicia”.

Este pronunciamiento de la Comisión Europea coincide en el tiempo con las preguntas formuladas al Gobierno en el Congreso por En Marea (Unidos Podemos). Los diputados Marcos Guerrero y Vanessa Agustiahan realizado varias preguntas sobre IRPH y solicitan la comparecencia de los abogados Maite Ortiz y José Maria Erauskin.

La Justicia declara abusiva la Hipoteca Tranquilidad que comercializó Banesto

La Hipoteca Tranquilidad comercializada por Banesto, ahora integrado en Banco Santander, en los meses previos al estallido de la crisis financiera ha sido declarada abusiva por el Juzgado Mercantil, número 6 de Madrid. Así lo ha explicado la asociación de defensa de los intereses de los usuarios financieros, Asufin, que ha liderado la demanda colectiva contra este producto financiero.

El producto se comercializó entre parejas jóvenes durante los meses previos al estallido de la crisis financiera cuando el euríbor marcaba máximos en España. En ese momento, la publicidad de Banesto asegura la “tranquilidad” de sus clientes ofreciendo un tipo fijo durante los primeros diez años de vida del crédito.

Una década pagando intereses del 5,75%

El problema, según ha explicado Patricia Suárez, presidenta de Asufín, es que el tipo que han estado pagando los afectados durante estos últimos 10 años ha sido del 5,75% sin que se hayan visto favorecidos por la caída del euríbor que se ha producido desde entonces. “La mayoría pensaba que su hipoteca no bajaba porque tenían una cláusula suelo, pero cuando llegan a la asociación y analizamos sus contratos nos dimos cuenta que había mucho más”, asegura Suárez.

En concreto, el juez considera abusivo no solo ese tipo de interés, también el sistema de amortización, las fechas de liquidación de intereses.

 

Fuente de LA VANGUARDIA

El Supremo anula una cláusula suelo pese a que la hipoteca fue revisada

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado la cláusula suelo de una hipotecaque fue revisada por la prestataria y el banco años después por una novación, ya que pese a que la entidad alega que en esa revisión la clienta aceptó expresamente la cláusula, para el TS se mantuvo el “déficit de información”.

La sentencia, del 15 de junio y a la que ha tenido acceso Efe, revoca así un fallo de la Audiencia de Sevilla que en octubre de 2014 dio la razón al Banco Popular cuando recurrió el fallo inicial del juzgado mercantil número 1 de Sevilla, que en septiembre de 2014 había resuelto a favor de la demandante y anulado la cláusula suelo del préstamo por falta de transparencia.

Faltó información

La Audiencia revocó esa primera sentencia señalando que cuando el préstamo, concedido en 2007, fue revisado en 2012 mediación una novación modificativa, la demandante tuvo acceso a la escritura y la leyó en la que aparecía una cláusula suelo “clara, concreta y sencilla” que, además, se rebajaba del 5% al 3,5%.

Sin embargo, la denunciante recurrió en casación y el Supremo le ha dado de nuevo la razón al considerar que ni en la primera hipoteca ni en la novación el banco llevó a cabo un “plus de información y tratamiento principal de la cláusula suelo que permitirá a la clienta adoptar su decisión con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que comportaba dicha cláusula”. Para el TS, se mantuvo el “déficit de información, que no queda suplido por la mera lectura de la escritura o por la claridad gramatical que pueda resultar de la redacción de la cláusula suelo”.

Para el abogado de la demandante, Alfonso Rodríguez Arnet, del despacho Relator Abogados, se trata de una sentencia “pionera” que “crea jurisprudencia” por cuanto anula una cláusula suelo aunque la misma aparezca en la subrogación o novación de una hipoteca que implica una negociación entre el banco y el prestatario, negociación a la que hasta ahora se agarraban las entidades financieras para señalar que los clientes conocían las cláusulas y las aceptaban.

El letrado considera que este fallo “abre una nueva vía para los consumidores que hasta ahora han tenido miedo a denunciar porque han hecho modificaciones de sus préstamos hipotecarios” al considerar del mismo modo las cláusulas suelo incluidas tanto en las hipotecas originales como en sus revisiones.

No hay consentimiento expreso

A su juicio, tal como lo entiende el TS, “firmar una novación no significa consentimiento expreso a una cláusula” pues “se entiende que independientemente de cualquier circunstancia, el consumidor siempre está en desventaja frente al banco o entidad financiera” por su desconocimiento de los entresijos de los productos financieros.

Un juez impone al banco los gastos hipotecarios

Contradice el criterio fijado por el Supremo, que carga al cliente los costes fiscales, al aludir al carácter más protector de la normativa europea

La polémica sobre de qué forma se han de repartir los gastos hipotecarios parece reabrirse. El Juzgado de Primera Instancia 1 de Igualada (Barcelona) ha obligado al BBVA a devolver a un cliente el dinero que éste abonó a Hacienda por los impuestos vinculados a una hipoteca que incluía una cláusula abusiva. Y lo ha hecho en clara contradicción con el Tribunal Supremo.

A finales de febrero, la instancia judicial más importante del país acordó que el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados debe abonarlo de forma íntegra quien solicita el préstamo, al resultar el «sujeto pasivo» de la operación. No obstante, las tasas de los documentos notariales necesarios en estas operaciones sí deberán repartirse «a partes iguales» entre prestamista (el banco) y prestatario (el cliente).

Pero el referido juez se desmarca ahora de ese criterio, al considerar que debe primar la normativa europea. Y ésta, según interpreta en su sentencia, es más proteccionista con el consumidor e imputa al banco las cargas de la hipoteca cuando se ha encontrado una cláusula abusiva, «eliminando sus efectos» así.

Entre ellos estarían los 5.500 euros que costó abrir la hipoteca en este caso. Porque -apunta el juez- dicha cláusula, «en beneficio exclusivo del banco», «ocasiona un desequilibrio entre las partes y no permite una distribución de las cargas».