El 9 de septiembre, perjudicados por el IRPH en distintas localidades de España se concentrarán en diferentes ciudades del país.
Un mes después de la última sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto al índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH), se mantiene un estado de expectante tranquilidad entre los afectados por esta cuestión en España y los diversos bufetes de abogados que llevan adelante muchas de estas demandas. Mientras esta amplia colectividad se prepara para llevar a cabo manifestaciones coordinadas en las principales ciudades del país el próximo 9 de septiembre, persiste la ausencia de pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo u otros órganos judiciales en relación a la sentencia del TJUE. En medio de esta incertidumbre, un considerable número de afectados, que se mantienen en contacto mediante grupos de WhatsApp y redes sociales en plataformas como "STOP IRPH UCI", proponen llevar a cabo su primera gran movilización nacional después de una prolongada década de litigio frente a las entidades bancarias que comercializaron dicho índice.
La sentencia del TJUE del 13 de julio, subraya que los jueces deben evaluar la accesibilidad de la circular 5/94 del Banco de España, así como si se aplicó el diferencial negativo y si hubo solapamiento de gastos. Además, establece la necesidad de comparar los métodos de cálculo entre el IRPH y otros índices, considerando préstamos de plazo y cuantía similares. A pesar de estas directrices, los tribunales españoles no han dado respuesta, y algunos profesionales argumentan que es necesario un cambio legislativo para eliminar el IRPH, que ha empobrecido a muchas familias y genera dudas sobre su transparencia y aplicabilidad.
Los afectados de IRPH encuentran en la sentencia del TJUE una esperanza para poner fin a su lucha, impulsando movilizaciones a nivel nacional. No obstante, se destaca la falta de reconocimiento por parte de algunos jueces españoles de la jurisprudencia del TJUE y la ausencia de cumplimiento de la circular 5/94 por parte de las entidades bancarias. La inacción de los tribunales y el Tribunal Supremo ha generado incertidumbre y malestar entre los afectados, que esperan que sus reclamaciones sean finalmente atendidas.
Fuente: Economist&Jurist